Hacienda despidos IRPF

LOS DESPIDOS EN EL PUNTO DE MIRA DE LA ADMINISTRACIÓN

Ahora la Agencia Tributaria se suma también al cerco a los despidos que estime sean en realidad acuerdos de extinción previos entre empresa y trabajador y no correspondan a un auténtico despido. La reciente sentencia de la Audiencia Nacional, Sala Contencioso Administrativo, de 3 de julio de 2019 ha establecido el ingreso de las retenciones de IRPF sobre las indemnizaciones abonadas en unos despidos al determinar que no eran auténticos, según la suma de indicios.

La Sala llega a la conclusión en ese contencioso que lo ocurrido “… responde a un pacto sobre extinción de la relación laboral sin concurrir causa de despido a partir de los indicios complementarios… escaso rigor de su actuación al efectuar los despidos… sin concreción por tanto de hechos o causas del despido. Las deficiencias en la formalización de los despidos ponen en evidencia que no era necesaria concreción alguna en ellas porque no habrían de ser discutidas en realidad…”.

En definitiva, es de importancia capital que la formalización de las extinciones contractuales por despido cumpla todas las formas, requisitos, procedimientos y plazos que se establezcan para cada supuesto en la Ley, los convenios colectivos de cada sector y la extensa jurisprudencia habida en la materia.

Las consecuencias que se pueden desprender de dicha insuficiencia formal y/o procedimental alcanzan desde la declaración de improcedencia del despido a la posibilidad de imputación de nulidad con readmisión y posibilidad de indemnización complementaria por daños y perjuicios en supuestos de presunción de vulneración de derechos, hasta incluso la propuesta de aplicación del código penal, si se estima que el despido se ha realizado en fraude de Ley y connivencia para la obtención de prestaciones públicas.

En efecto, cabe recordar que la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del CODIGO PENAL en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, establece en su artículo 307 ter, que según el importe defraudado y otras circunstancias, “Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.”

Todo ello además de la pérdida de subvenciones y beneficios fiscales y de la Seguridad Social durante un periodo de tres a seis años.

En definitiva no solamente hay que poder acreditar los hechos que fundamenten los despidos que se realicen, sino que éstos hay que formalizarlos de forma suficiente y escrupulosa, con amplio conocimiento en la materia. En las propias palabras de los magistrados, la carta de despido no ha de ser simplemente una carta de “despedida”.

Desde Lladó Grup Consultor, le ofrecemos a través de nuestro equipo de profesionales de Servicios laborales, asesoramiento en todo tipo de procedimientos de despido.